| La Cámara baja dio luz verde esta madrugada el proyecto de ley que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros. La iniciativa fue aprobada en general por 153 votos a favor y 26 en contra, en lo que fue una sesión maratónica.
La iniciativa recibió el apoyo del bloque del Frente para la Victoria; Unión Peronista, la bancada que conduce el diputado Felipe Solá; el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el FAP, el radicalismo y algunos de la CC-ARI.
Al cierre del debate, el titular del bloque de diputados del oficialismo Agustín Rossi, pidió la palabra para reconocer el trabajo realizado por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, como ministro de Agricultura para la elaboración de esta iniciativa.
En el marco del debate, la diputada del Frente para la Victoria de Córdoba, Nora Vedano, dijo que con esta norma se busca que la tierra argentina "quede en manos de los argentinos, para que sirva para la productividad y también para la construcción de viviendas".
La norma enviada por el Poder Ejecutivo había recibido el martes dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside Cigogna; Asuntos Constitucionales, a cargo de Diana Conti y de Agricultura, presidida por Luis Basterra.
El texto tomó como base la propuesta que el Poder Ejecutivo envió a la cámara en abril pasado e incorporó modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques, como el que redujo, por ejemplo, del 20 al 15 por ciento el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera.
Además, según el texto -que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos- de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de "personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad". La iniciativa establece que las tierras en poder de extranjeros "no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales".
El proyecto, en su artículo 11, advierte que se "atenderán los tratados bilaterales de inversión suscriptos por Argentina", vigentes a la entrada en vigor de la ley y que "no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable". A través de la iniciativa, en tanto, se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales que realizará un relevamiento catastral y dominial y un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
La norma fija además excepciones para aquellos extranjeros "unidos en matrimonio con ciudadanos argentinos" o que "tengan más de 10 años de residencia permanente y probada" y establece estrictas prohibiciones para la venta de superficies que "contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes". |
