Parte del complejo oleaginoso del sur de Santa Fe, desde donde se exporta el 78% de granos, aceites y harinas de todo el país, permanece paralizado desde ayer por una medida de fuerza lanzada por la CGT regional San Lorenzo, que reclama un sueldo mínimo de $5.000 para una porción de los trabajadores de las cerealeras. La medida cuenta con el respaldo de Hugo Moyano y de la conducción nacional de la central obrera, a la que se mantiene informada de lo que sucede a través del vocal Domingo Moreyra, de la Federación de Ceramistas.

Diez terminales agroexportadoras ubicadas entre las localidades de San Lorenzo y Timbúes, al norte de Rosario, permanecerán con sus ingresos bloqueados por tiempo indeterminado.

Entre las empresas afectadas por el paro se encuentran Cargill, Dreyfus, Vicentín, Molinos y Bunge. Otras seis, asentadas al sur de esta ciudad, operaban ayer con normalidad.

El reclamo incluye a personal de seguridad, de la marina mercante, portuarios, camioneros, administrativos y obreros de la construcción, un 13% del total del personal, de acuerdo a estimaciones empresarias.

Al reclamo no se plegó el otro 87 por ciento. Se trata de los Aceiteros, quienes en diciembre pasado obtuvieron una mejora salarial que le permitió elevar el piso salarial a $ 5.000 . Este gremio, que no responde a los mandatos de la CGT local, expresó su solidaridad, pero aclaró que no se plegará al paro iniciado ayer. Sus afiliados, sin embargo, no ingresaron a las plantas.

Entre los empresarios plantean que existe una pulseada gremial detrás del conflicto: la CGT local, aseguran, no puede quedar atrás de lo conseguido ya por un gremio no alineado —los Aceiteros— y por eso reclamaron el mismo piso para sus afiliados. La Cámara de Comercio de San Lorenzo rechazó las exigencias sindicales al entender que la CGT no podía discutir salarios. Argumentaron que los gremios debían hacerlo siguiendo las paritarias de cada sector